Cambio de era. Piden mejorar estructura contra DELITOS INFORMÁTICOS (ELCIUDADANO)

La diputada provincial Verónica Benas busca sumar ingenieros en sistema a las fiscalías para cuidar la vida online.

A mitad de año la diputada provincial Verónica Benas presentó un proyecto para crear al menos una unidad especializada en delitos informáticos. Desde el año pasado los casos, más ligados a pornografía infantil y acoso, son investigados por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación, que sólo funcionan en Rosario y la capital santafesina. La legisladora considera que existen más ciberdelitos y es necesario incorporar ingenieros en sistemas a las fiscalías para obtener mejores pruebas en la era digital. El proyecto de Benas es tratado en la comisión de asuntos constitucionales y presupuesto de la cámara baja santafesina. “Existe una cerrazón de la Corte (Suprema de Justicia de Santa Fe). Solo toman únicamente a abogados para trabajar en la Fiscalía. La complejidad de los delitos informáticos requiere de personas con conocimientos específicos”, dijo en diálogo con El Ciudadano, Benas. La diputada tuvo una reunión con el fiscal regional de la primera circunscripción, Julio Olazabal, quien deslizó resistencias.

Lo probado

De acuerdo con la legisladora, la información que necesitan los fiscales cuando reciben denuncias por grooming –ver aparte–, ciberacoso, estafas electrónicas, calumnias, entre otros, no son fáciles de conseguir. Atar una acción, por ejemplo un mensaje difamatorio en una red social, necesita llegar hasta la fuente: la computadora o el teléfono celular desde donde salió. “No basta con una captura de pantalla. Los agresores pueden defenderse diciendo que esa imagen está truchada con un editor”, explicó el abogado y especialista en delito informático, Gonzalo Jeangeorges. La investigación debe llevar a conocer el origen: al IP, es decir, la identificación en línea de la computadora o el celular. Para eso es necesario pedir a los servidores de internet esa información, también conocida como log. Todo lo anterior, siempre con las respectivas órdenes de jueces y fiscales. Según Jeangeorges, el inconveniente es que ningún servidor en Argentina mantiene por más de 90 días esos registros. Entonces, como se trata de empresas extranjeras los investigadores deben enviar exhortos por escrito y depender de la predisposición de Google, Facebook, Twitter, entre otras. “Cuando llega el pedido, la información ya se borró. Es primordial que los legisladores exijan a las empresas de internet algo más que exigencias fiscales. Tener los log significa poder rastrear la actividad”, opinó Jeangeorges. “Como las pruebas digitales son muy fáciles de borrar, conviene actuar rápidamente, con un abogado, perito y escribano, para preservar la prueba para una futura denuncia o demanda civil de daños y perjuicios”, agregó.

Los organismos especializados como propone Benas estarían habilitados para trabajar con causas de calumnia a infamia. Por ejemplo, cuando en una red social se escrache a una persona. Las acciones que violentan el derecho a la intimidad y que no son un delito penal –ver aparte– están previstas en el Código Civil. “El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias”, señala el Código.

Trotamundo

Para Benas un fiscal no puede investigar cualquier delito. Por eso hace años pujó por crear la unidad de integridad sexual de las personas dentro del Ministerio Público de la Acusación. Tiene dos sedes: en Rosario y en Santa Fe. “Mejoró mucho contar con un espacio para no revictimizar. Si no tenemos fiscales preparados las causas se estancan. También sirve para la prevención. Desalienta a quienes delinquen. A través de la tecnología de la comunicación se puede rastrear otros tipos de delitos como la trata de personas o extorsiones”, sintetizó Benas. De acuerdo con la legisladora, existió una resistencia similar a incorporar secciones especializadas cuando las dinámicas bancarias dejaron de pasar por la ventanilla y fueron por el cajero automático. “La Justicia no puede quedar detrás del delito. Las empresas, con claros intereses económicos, hace décadas que tienen contratado personal para protegerse. El Estado no ha hecho lo mismo con lo que debe cuidar: la ciudadanía”, concluyó.

A reforzar la Fiscalía

Los delitos informáticos como la pornografía infantil son investigados por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual. Sin la estructura de Córdoba, que cuenta con una secretaria que asesora a las fiscalías o La Plata o Buenos Aires, con unidades especiales, Rosario depende de una sola fiscal, Marianela Martín. Según contó a El Ciudadano, desde marzo del año pasado, cuando tomó el cargo, sigue 100 casos. Por mes llegan entre 20 y 30 reportes de distintos organismo internacionales donde se denuncian casos de pornografía infantil y el IP corresponde al sur de Santa Fe. “Estudiamos las IP para dar con la identidad del pedófilo. Desciframos las imágenes, estudiamos las fotos, hablamos con vecinos para ver si vieron a los nenes de las fotos, se estudian árboles familiares. Una vez que está determinada la identidad se puede hacer el allanamiento”, dijo Martín.

Los delitos por perseguir

Desde 2008 se sumaron artículos del Código Penal sobre ciberdelitos. Las penas van desde sanciones económicas hasta prisión e inhabilitación para ejercer cargos o profesiones. Los nuevos delitos involucran pornografía infantil por Internet u otros medios electrónicos; violación, apoderamiento y desvío de comunicación electrónica;

intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones; acceso a un sistema o dato informático; publicación de una comunicación electrónica; acceso a un banco de datos personales; revelación de información registrada en un banco de datos personales; inserción de datos falsos en un archivo de datos personales; fraude informático; y daño o sabotaje informático. Desde 2013 se incorporó la figura de grooming, cuando un mayor de edad usa internet para contactar a un menor con fines sexuales. Acarrea penas de entre seis meses y cuatro años de prisión.

Para estar atento

Si es víctima de alguno de los ciberdelitos se recomienda consultar a un abogado. Luego, recolectar pruebas digitales con un perito informático de cara a un requerimiento judicial. También consultar con un escribano que pueda hacer una constatación notarial y sacar fotos sobre la PC o Smarthphone o teléfono celular, donde haya registro del delito. Por último, acudir a la Justicia para radicar una denuncia. La repartición encargada de tomarla es el Ministerio Público de la Acusación de la Segunda Circunscripción, con distintas sedes en la ciudad.

Fecha: 17 de noviembre de 2016

Fuente: https://www.elciudadanoweb.com/piden-mejorar-estructura-contra-delitos-informaticos/

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Ciberdelitos Inseguridad en internet y redes: suman la “PORNOVENGAZA” (ELCIUDADANO)

El abogado Gonzalo Jeangeorges describe la modalidad de atropello que escracha a una persona con fotos o vídeos sexuales.

En el año 2000 las computadoras no cedieron ante un virus mundial y ello permitió a Gonzalo Jeangeorges, abogado y curioso en la tecnología, colgar una página web más a la red. Allí subió periódicamente noticias sobre leyes y fallos. Algunas incluían lo que empezaba a pasar por internet: robos bancarios, estafas con tarjetas de crédito, cadenas de correos electrónicos falsos, entre otros. Una mañana de 2010 prendió la computadora para chequear la página. Encontró un cartel con letras grandes: “Jajaja. Te bloqueamos”. Un hacker se había metido y borrado el contenido. Jeangeorges lo persiguió, sin mucha suerte. Aprendió dos lecciones del siglo XXI. Una: siempre hacer un backup, es decir, copiar y resguardar la información. Dos: los usuarios no tienen conciencia de que pueden ser vulnerados. El abogado no encontró amparo judicial. Las leyes y los investigadores no estaban listos para trabajar en causas por delitos informáticos, aun cuando desde 2008 se incorporaron al Código Penal los castigos por distribuir pornografía infantil, por ejemplo. En 2016, cuando hay al menos un celular inteligente por habitante en la Argentina y las redes sociales echaron raíz, los peligros y delitos son otros, pero se mantiene el mismo déficit: cómo recibir e investigar denuncias. En diálogo con El Ciudadano, el especialista describió las nuevas modalidades de dañarse con la tecnología, como la llamada pornovenganza.

—¿Cuáles son los nuevos ciberdelitos?

—En 2010 fue el hackeo, entrar con mala intención a un sistema y hacer daño. En 2013 fue el grooming, cuando un mayor contacta a un menor de edad con fines de abuso sexual, y si se prueba lleva a entre seis meses y cuatro años de prisión. En 2016 es el robo de identidad digital, en donde una persona crea un perfil falso con información (foto y datos) de otro y lo usa para difamar.

—¿Por ejemplo…?

—Hace un tiempo en Twitter una mujer se peleó con una amiga, tomó fotos y datos de ella y empezó a divulgarlos como si la amiga tuviera un servicio de acompañantes. O el caso de una profesora a quien los alumnos le sacaron imágenes sexuales suyas del celular y las usaron con igual fin.

—¿En eso consiste la llamada pornovenganza?

—El agresor comparte en internet (o Whastsapp) fotos o videos que muestran a la víctima en situaciones sexuales. Es un forma de escrache digital que se usa para humillar a ex parejas. Son mayores de edad, no es pornografía infantil, un delito ya tipificado.

—Ahí se juegan delitos contra la privacidad…

—Lo que se pone en juego es el consentimiento de la imagen. La postura de los especialistas es que bien pudo haber consentimiento para grabar o sacar fotos, pero no para distribuirlos. El consentimiento se extingue con la relación.

—¿Qué falta para poder investigar los delitos informáticos?

—Por un lado, legislar nuevos delitos. Por el otro, armar una estructura que reciba denuncias y consiga pruebas. Existen seis proyectos en Nación y Santa Fe para sumar nuevos delitos informáticos al Código Penal y crear unidades fiscales especializadas.

—¿Cómo se puede avanzar?

—Los legisladores deben pedir que la Argentina se incorpore al Convenio de Ciberciminalidad del año 2001 de Budapest. El principal requerimiento es exigir a los servidores y empresas de posting en Argentina algo más que algunas responsabilidades fiscales. Deberían mantener los logs (registros de actividad) por un mínimo de 180 días. Hoy no lo tienen.

—¿Qué permite hacer contar con esa información?

—Investigar los delitos, llegar a las pruebas, hacer una pericia. Por ejemplo, si hay una denuncia por calumnias en Facebook se tiene que hacer un exhorto (a la Justicia de otro país) y eso tarda mucho. Cuando buscan la información, ya no está. Sin esto los fiscales no pueden conseguir las pruebas, y los juicios no llegan nunca.

—¿Qué recomendaciones pueden darse a los usuarios que los usan el servicio puerta a puerta?

—Cuidar los datos que volcamos en las páginas: tarjeta de crédito, documento, teléfono. Los fraudes siguen ocurriendo: seguimos cayendo en el cuento del tío.

Camino a la ley

Anteayer el Senado de la Nación aprobó por unanimidad un proyecto de ley que penaliza con entre seis meses a cuatro años de prisión a quien difunda imágenes de desnudez total o videos de contenido sexual o erótico de una o más persona sin el consentimiento de esas personas. La práctica se conoce popularmente como pornovenganza. La iniciativa que se giró a la Cámara baja nacional fue presentada por la sanjuanina Marina Riofrío del Frente para la Victoria (FPV). La normativa por nacer también prohíbe la difusión del material y exige al condenado arbitrar los mecanismos necesarios para retirar de circulación o bloquear el material, a su costa y en un plazo inminente.

Malos conocidos

Desde 2008 se sumaron al Código Penal nuevos delitos: distribución y publicación de pornografía infantil; violación o apoderamiento o desvío indebido de email o correo electrónico o comunicación electrónica; acceso indebido a un sistema o hackeo; publicación indebida de email o comunicaciones electrónicas; acceso indebido a banco de datos personal, revelación de información de un banco de datos personales; inserción de datos falsos en un archivo de datos personales; fraude informático; y daño o sabotaje informático.

Consejo para indignados

El botón “compartir” en Facebook o “retweet” en Twitter ayuda a difundir información, sumar críticas o elogios. La solidaridad lleva a compartir artículos, fotos y cadenas de denuncias o escraches de cosas que son parcial o totalmente falsas, que es lo que se conoce como “Hoax” en el mundo digital. “Debemos tener cuidado con lo que republicamos o tomamos como cierto. No es aconsejable señalar a alguien de estafador, pedófilo o abusador si la Justicia no lo condenó. Podemos incurrir en calumnia o injuria”, dijo Jeangeorges.

A reforzar fiscalías

Tal como publicó El Ciudadano, a mitad de año la diputada provincial Verónica Benas presentó un proyecto para crear al menos una unidad fiscal especializada en delitos informáticos. Desde el año pasado los casos, más ligados a pornografía infantil y acoso, son investigados por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de Fiscalía. Sólo funciona en Rosario y en la capital provincial. La legisladora considera que existen más ciberdelitos y es necesario incorporar ingenieros en sistemas a las Fiscalías.

Fecha: 25 de noviembre de 2016
Fuente: https://www.elciudadanoweb.com/inseguridad-en-internet-y-redes-suman-la-pornovenganza/

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Disertación sobre Delitos Informáticos en la Fecha 7/9/2018 de 18 a 21:30 hs en el curso de POSGRADO ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD, AUDITORÍA Y PERITAJE INFORMÁTICO (ESAPI)

Fecha 7/9/2018 de 18 a 21:30 hs en el curso de POSGRADO ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD, AUDITORÍA Y PERITAJE INFORMÁTICO (ESAPI), donde  habló el Abog.Gonzalo Jeangeorges, sobre temas legales relacionadas con dicha especialización como ser: “Pericias informáticas, protocolos, cuales son los delitos informáticos vigentes en Argentina. Vacios legales y Anteproyectos de Nuevos Tipos Penales. Competencia Federal o Provincial. Fiscalías Especializadas en Cibercrimen o Delitos Informáticos. Convenio Internacional de Budapest. Plazos de los ISP para los bases de logs” – Gracias al Coordinador Juan Carlos Cassale por la invitación a partir al mismo.

Más info: https://www.cpcipc.org.ar/content/especializaci%C3%B3n-en-seguridad-auditor%C3%ADa-y-peritaje-inform%C3%A1tico-esapi

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