Proponen crear una agencia fiscal para DELITOS INFORMÁTICOS (http://AGENCIAFE.COM)

El proyecto de ley fue presentado por la diputada justicialista Claudia Giaccone. “Línea Abierta”* (FM 101.3) se comunicó con el Dr. Gonzalo Jeangeorges, abogado especialista en Derecho y Delito informático, quien dió detalles al respecto.

La Legislatura provincial analiza un proyecto de ley presentado por la diputada justicialista Claudia Giaccone para crear una Agencia Fiscal en Delitos Informáticos (Afedi), la cual dependerá del Fiscal General de la provincia y tendrá asiento en Santa Fe y Rosario.

Según el proyecto, la intervención de la Afedi se dará en casos de “delitos cuyo medio comisivo incluya la utilización de sistemas informáticos, con especial atención en la criminalidad organizada; y crímenes en los que sean necesarias investigaciones en entornos digitales”.

“La masificación del uso de la informática ha traído aparejada la comisión de numerosos delitos cometidos a través de ese medio. Es por ello que, a los fines de atacar y combatir el cibercrimen, es menester contar con las herramientas adecuadas”, expresó la diputada.

También hizo mención a que en el ámbito nacional se creó la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen por parte la Procuraduría General para enfrentar el fenómeno de manera articulada con el resto de las áreas del organismo que se dedican a la investigación del crimen organizado, y está formada por un equipo de trabajo interdisciplinario altamente capacitado.

El objetivo del proyecto presentado por Giaccone es que la Afedi pueda intervenir en los casos de su competencia y asistir a los fiscales; recibir denuncias y realizar investigaciones preliminares y genéricas; actuar como nexo con los diferentes actores e instituciones nacionales e internacionales con incidencia en cuestiones vinculadas a la temática; articular con las procuradurías, unidades fiscales y demás áreas de la Fiscalía General a los efectos de la implementación de estrategias eficaces para el abordaje de la ciberdelincuencia; asesorar a los fiscales sobre los recursos tecnológicos y herramientas de apoyo técnico, laboratorios, métodos de investigación, obtención, análisis y preservación de pruebas; desarrollar estudios sobre las reformas reglamentarias y legislativas necesarias; elaborar informes y diagnósticos sobre cibercrimen y llevar a cabo actividades de cooperación, divulgación y capacitación.

Para hablar al respecto, “Línea Abierta” (FM 101.3) se comunicó con el Dr. Gonzalo Jeangeorges, abogado especialista en Derecho y Delito informático quien explicó que “nosotros en Santa Fe tenemos delitos informáticos en los que se daña o se accede a un sistema, correos electrónicos, estafas electrónicas, grooming … el tema es que uno puede tener un hermoso código penal de fondo, pero hay que adecuar las normas procesales, al Código Procesal Penal a nivel nacional se le ha hecho reformas y se intenta que en las provincias en el código también se modifique todo lo que sea pericias informáticas, porque no esta reglamentado cómo es el proceder una pericia informática, hay pericias contables que se le asimila a una documental y eso no es tan así, se tienen que adecuar normas no de fondo, sino de formas, que sería lo que pasaría en Santa Fe”.

“Hoy la estafa informática, es la estafa más común”, contó el especialista y reveló que la nueva modalidad de estafa es el pago en Bitcoin (moneda virtual, no regulada por ningún país) En el mismo sentido, Jeangeorges señaló que en delito informático “existen dos modelos de investigación, tanto para delitos informáticos per se, como la pornografía infantil que se la considera delito informático cuando se distribuye por internet, o la tenencia dentro de una computadora o celular, son todos delitos dolosos (…) se ha creado en Buenos Aires, la Metropolitana tiene su propia fiscalía especializadas en determinados delitos informáticos y otro modelo de investigación es, por ejemplo, un área de investigación, en Córdoba, cada fiscalía tiene su materia, pero todo lo que tiene que ver con cibercrimen, tienen una secretaría de investigaciones, unifican todo en un organismo que centraliza todas las investigaciones. Eso no lo tenemos, en Santa Fe, hasta ahora existen protocolos que la policía tiene que utilizar, nosotros, desde hace dos años para acá nos adherimos a un protocolo que se llama Protocolo para la obtención de evidencia digital para las fiscalías federales y para la policía federal, que se utiliza par la policía provincial”.

“Quieren crear la Agencia Fiscal de Delitos Informáticos (…) el tema es que ya hubo un proyecto en 2013 que quedó en la nada”, finalizó Jeangeorges.

Fecha: 13/03/2019
*Para escuchar los Audios en forma Online de la Entrevista Radial mencionada ut supra visitén el siguiente link. 
Fuente: http://agenciafe.com/nota/306830-Proponen-crear-una-agencia-fiscal-para-delitos-informticos

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Cambio de era. Piden mejorar estructura contra DELITOS INFORMÁTICOS (ELCIUDADANO)

La diputada provincial Verónica Benas busca sumar ingenieros en sistema a las fiscalías para cuidar la vida online.

A mitad de año la diputada provincial Verónica Benas presentó un proyecto para crear al menos una unidad especializada en delitos informáticos. Desde el año pasado los casos, más ligados a pornografía infantil y acoso, son investigados por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación, que sólo funcionan en Rosario y la capital santafesina. La legisladora considera que existen más ciberdelitos y es necesario incorporar ingenieros en sistemas a las fiscalías para obtener mejores pruebas en la era digital. El proyecto de Benas es tratado en la comisión de asuntos constitucionales y presupuesto de la cámara baja santafesina. “Existe una cerrazón de la Corte (Suprema de Justicia de Santa Fe). Solo toman únicamente a abogados para trabajar en la Fiscalía. La complejidad de los delitos informáticos requiere de personas con conocimientos específicos”, dijo en diálogo con El Ciudadano, Benas. La diputada tuvo una reunión con el fiscal regional de la primera circunscripción, Julio Olazabal, quien deslizó resistencias.

Lo probado

De acuerdo con la legisladora, la información que necesitan los fiscales cuando reciben denuncias por grooming –ver aparte–, ciberacoso, estafas electrónicas, calumnias, entre otros, no son fáciles de conseguir. Atar una acción, por ejemplo un mensaje difamatorio en una red social, necesita llegar hasta la fuente: la computadora o el teléfono celular desde donde salió. “No basta con una captura de pantalla. Los agresores pueden defenderse diciendo que esa imagen está truchada con un editor”, explicó el abogado y especialista en delito informático, Gonzalo Jeangeorges. La investigación debe llevar a conocer el origen: al IP, es decir, la identificación en línea de la computadora o el celular. Para eso es necesario pedir a los servidores de internet esa información, también conocida como log. Todo lo anterior, siempre con las respectivas órdenes de jueces y fiscales. Según Jeangeorges, el inconveniente es que ningún servidor en Argentina mantiene por más de 90 días esos registros. Entonces, como se trata de empresas extranjeras los investigadores deben enviar exhortos por escrito y depender de la predisposición de Google, Facebook, Twitter, entre otras. “Cuando llega el pedido, la información ya se borró. Es primordial que los legisladores exijan a las empresas de internet algo más que exigencias fiscales. Tener los log significa poder rastrear la actividad”, opinó Jeangeorges. “Como las pruebas digitales son muy fáciles de borrar, conviene actuar rápidamente, con un abogado, perito y escribano, para preservar la prueba para una futura denuncia o demanda civil de daños y perjuicios”, agregó.

Los organismos especializados como propone Benas estarían habilitados para trabajar con causas de calumnia a infamia. Por ejemplo, cuando en una red social se escrache a una persona. Las acciones que violentan el derecho a la intimidad y que no son un delito penal –ver aparte– están previstas en el Código Civil. “El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias”, señala el Código.

Trotamundo

Para Benas un fiscal no puede investigar cualquier delito. Por eso hace años pujó por crear la unidad de integridad sexual de las personas dentro del Ministerio Público de la Acusación. Tiene dos sedes: en Rosario y en Santa Fe. “Mejoró mucho contar con un espacio para no revictimizar. Si no tenemos fiscales preparados las causas se estancan. También sirve para la prevención. Desalienta a quienes delinquen. A través de la tecnología de la comunicación se puede rastrear otros tipos de delitos como la trata de personas o extorsiones”, sintetizó Benas. De acuerdo con la legisladora, existió una resistencia similar a incorporar secciones especializadas cuando las dinámicas bancarias dejaron de pasar por la ventanilla y fueron por el cajero automático. “La Justicia no puede quedar detrás del delito. Las empresas, con claros intereses económicos, hace décadas que tienen contratado personal para protegerse. El Estado no ha hecho lo mismo con lo que debe cuidar: la ciudadanía”, concluyó.

A reforzar la Fiscalía

Los delitos informáticos como la pornografía infantil son investigados por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual. Sin la estructura de Córdoba, que cuenta con una secretaria que asesora a las fiscalías o La Plata o Buenos Aires, con unidades especiales, Rosario depende de una sola fiscal, Marianela Martín. Según contó a El Ciudadano, desde marzo del año pasado, cuando tomó el cargo, sigue 100 casos. Por mes llegan entre 20 y 30 reportes de distintos organismo internacionales donde se denuncian casos de pornografía infantil y el IP corresponde al sur de Santa Fe. “Estudiamos las IP para dar con la identidad del pedófilo. Desciframos las imágenes, estudiamos las fotos, hablamos con vecinos para ver si vieron a los nenes de las fotos, se estudian árboles familiares. Una vez que está determinada la identidad se puede hacer el allanamiento”, dijo Martín.

Los delitos por perseguir

Desde 2008 se sumaron artículos del Código Penal sobre ciberdelitos. Las penas van desde sanciones económicas hasta prisión e inhabilitación para ejercer cargos o profesiones. Los nuevos delitos involucran pornografía infantil por Internet u otros medios electrónicos; violación, apoderamiento y desvío de comunicación electrónica;

intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones; acceso a un sistema o dato informático; publicación de una comunicación electrónica; acceso a un banco de datos personales; revelación de información registrada en un banco de datos personales; inserción de datos falsos en un archivo de datos personales; fraude informático; y daño o sabotaje informático. Desde 2013 se incorporó la figura de grooming, cuando un mayor de edad usa internet para contactar a un menor con fines sexuales. Acarrea penas de entre seis meses y cuatro años de prisión.

Para estar atento

Si es víctima de alguno de los ciberdelitos se recomienda consultar a un abogado. Luego, recolectar pruebas digitales con un perito informático de cara a un requerimiento judicial. También consultar con un escribano que pueda hacer una constatación notarial y sacar fotos sobre la PC o Smarthphone o teléfono celular, donde haya registro del delito. Por último, acudir a la Justicia para radicar una denuncia. La repartición encargada de tomarla es el Ministerio Público de la Acusación de la Segunda Circunscripción, con distintas sedes en la ciudad.

Fecha: 17 de noviembre de 2016

Fuente: https://www.elciudadanoweb.com/piden-mejorar-estructura-contra-delitos-informaticos/

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