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Cleaning Digital: más personas pagan hasta $ 50 mil para limpiar su reputación en la web

13 julio, 202327 octubre, 2019 por Gonzalo Jeangeorges

Buscan eliminar publicaciones que afectan negativamente su imagen. En Argentina ya se ofrece el servicio, especialmente a profesionales. Recomiendan monitorear redes sociales.

Una foto comprometedora en Instagram, un comentario sacado de contexto en Facebook o un usuario malintencionado en Twitter pueden manchar la reputación online de cualquier persona.

Internet acumula datos y nunca olvida.

Pero ¿cómo hacer para deshacerse de estos contenidos?

La solución es el cleaning digital, que consiste en limpiar nuestra imagen en la red.

En Argentina ya existen empresas especializadas que ofrecen este servicio por hasta $ 50 mil, y cada vez tienen más demanda. “Es una tendencia en alza porque difamar a una persona en internet es fácil y barato.

Todos están parados bajo el precepto de la libertad de expresión y entonces cualquiera dice cualquier cosa”, explicó a PERFIL Fernando Tomeo, abogado especialista en tecnologías y seguridad informática y profesor de la UBA.

A diferencia de lo que se cree, no todos sus clientes en Global News son políticos o famosos: “El 50% es gente común y corriente”. La reputación online –todo lo que decimos u otros dicen de nosotros en la web– cada vez es más importante.

La mayoría de los empleadores ven las redes sociales de los postulantes antes de contratar.

Y la semana pasada, el director de políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo que funcionarios del gobierno de Trump analizan la posibilidad de pedir a los visitantes extranjeros revelar todas las redes sociales y sitios web que visitan para ingresar a EE.UU. “Las redes sociales son una extensión de nuestra personalidad, en este caso, virtual.

Lo que a veces sucede, y es ahí donde está el problema mayor, es que hay una falta de conciencia sobre lo que implica esa extensión virtual del yo.

Se manejan parámetros como si fueran de la presencialidad y no se tiene en cuenta que hay una diferencia entre el yo presencial y el yo digital”, reflexionó Francisco Albarello, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral.

“Y ni hablar de las personas que forman parte de una empresa o un gobierno, que responden a una marca, como el caso reciente del hackeo a la cuenta de Twitter de Patricia Bullrich”, agregó.

Otra modalidad que requiere cada vez más el servicio de los cleaners digitales es el porno-venganza, esto es, la difusión de fotos o videos íntimos en las redes sociales sin autorización de las personas involucradas. “Ha crecido mucho la difusión de imágenes sin consentimiento; es una manera de generarle un daño casi irreparable a la persona”, manifestó Daniel Monastersky, abogado especializado en delitos informáticos.

El experto destacó el concepto de “ciberdaño” en relación con lo que puede llegar a causar un contenido que está en internet y se viraliza.

Pasos. Las empresas que ofrecen el cleaning digital como servicio tienen dos instancias: la comunicacional y la técnica-jurídica.

El cliente llega con un pedido de limpieza de su reputación online porque un acto de difamación afecta su honor.

Las firmas identifican el contenido y, luego de analizarlo, intentan persuadir al usuario o medio para que retire dicha información de internet.

Si no se logran buenos resultados, el siguiente paso es acudir a la Justicia para que buscadores y redes sociales den de baja el contenido. Algo que no siempre sucede.

Mientras que en Europa existe el llamado “derecho al olvido”, es decir, el derecho de las personas a que ciertas situaciones de su pasado digital sean eliminadas de la web porque no hacen al interés público y porque mantenerlas online afecta los derechos personalísimos de esa persona, en Argentina hay un vacío legal (ver recuadro).

Para no llegar a requerir los servicios de los cleaners digitales, los expertos recomiendan cuidar la privacidad, “pensar mil veces” antes de subir algún contenido que pueda ser tomado fuera de contexto, malinterpretado o usado en nuestra contra.

También monitorear todo lo que se publica sobre nuestra persona. Un tuit, un video o una foto puede viralizarse en cuestión de horas, y es mejor estar informado cuanto antes para poder contrarrestarlos a tiempo.

Derecho al olvido y vacío legal “En Europa hay un fallo de la Suprema Corte europea que justifica el derecho al olvido. Uno tiene que llenar un formulario en Google en forma de cibercomentario que diga cuál es la URL a dar de baja. Un panel de expertos define si es o no pertinente quitar ese contenido de Google”, explicó Daniel Monastersky, miembro del Consejo Asesor del Global Forum on Cyber Expertise.

En cambio, en Argentina hay un vacío legal. En 2014, la Corte falló a favor de Google y Yahoo! en la demanda iniciada por la modelo Belén Rodríguez, quien los acusó de vincularla a sitios de contenido sexual.

A fines del año pasado, el Senado aprobó un proyecto de ley presentado por Federico Pinedo y Liliana Fellner que regula la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet.

El artículo 7º estipula que los operadores y proveedores de redes de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación “no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos”.

Para el abogado Fernando Tomeo, el proyecto no recoge la doctrina del fallo “Rodríguez” de la Corte, ya que requiere una orden judicial para dar de baja contenido. “Necesita revisión en Diputados y ajustes serios para una legislación integral y completa”, concluyó.(Fuente www.perfil.com).

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Fecha: 5/2/2017
Autora Juliana Quintana
Fuente: https://www.perfil.com/noticias/ciencia/cleaning-digital-mas-personas-pagan-hasta-50-mil-para-limpiar-su-reputacion-en-la-web.phtml

LINK RELACIONADO:”Servicio Legal de Limpieza de Reputación Online desde Rosario” https://abogadosrosarinos.com/reputaciononline/

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Proponen crear una agencia fiscal para DELITOS INFORMÁTICOS (http://AGENCIAFE.COM)

7 julio, 202313 marzo, 2019 por Gonzalo Jeangeorges

El proyecto de ley fue presentado por la diputada justicialista Claudia Giaccone. “Línea Abierta”* (FM 101.3) se comunicó con el Dr. Gonzalo Jeangeorges, abogado especialista en Derecho y Delito informático, quien dió detalles al respecto.

La Legislatura provincial analiza un proyecto de ley presentado por la diputada justicialista Claudia Giaccone para crear una Agencia Fiscal en Delitos Informáticos (Afedi), la cual dependerá del Fiscal General de la provincia y tendrá asiento en Santa Fe y Rosario.

Según el proyecto, la intervención de la Afedi se dará en casos de “delitos cuyo medio comisivo incluya la utilización de sistemas informáticos, con especial atención en la criminalidad organizada; y crímenes en los que sean necesarias investigaciones en entornos digitales”.

“La masificación del uso de la informática ha traído aparejada la comisión de numerosos delitos cometidos a través de ese medio. Es por ello que, a los fines de atacar y combatir el cibercrimen, es menester contar con las herramientas adecuadas”, expresó la diputada.

También hizo mención a que en el ámbito nacional se creó la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen por parte la Procuraduría General para enfrentar el fenómeno de manera articulada con el resto de las áreas del organismo que se dedican a la investigación del crimen organizado, y está formada por un equipo de trabajo interdisciplinario altamente capacitado.

El objetivo del proyecto presentado por Giaccone es que la Afedi pueda intervenir en los casos de su competencia y asistir a los fiscales; recibir denuncias y realizar investigaciones preliminares y genéricas; actuar como nexo con los diferentes actores e instituciones nacionales e internacionales con incidencia en cuestiones vinculadas a la temática; articular con las procuradurías, unidades fiscales y demás áreas de la Fiscalía General a los efectos de la implementación de estrategias eficaces para el abordaje de la ciberdelincuencia; asesorar a los fiscales sobre los recursos tecnológicos y herramientas de apoyo técnico, laboratorios, métodos de investigación, obtención, análisis y preservación de pruebas; desarrollar estudios sobre las reformas reglamentarias y legislativas necesarias; elaborar informes y diagnósticos sobre cibercrimen y llevar a cabo actividades de cooperación, divulgación y capacitación.

Para hablar al respecto, “Línea Abierta” (FM 101.3) se comunicó con el Dr. Gonzalo Jeangeorges, abogado especialista en Derecho y Delito informático quien explicó que “nosotros en Santa Fe tenemos delitos informáticos en los que se daña o se accede a un sistema, correos electrónicos, estafas electrónicas, grooming … el tema es que uno puede tener un hermoso código penal de fondo, pero hay que adecuar las normas procesales, al Código Procesal Penal a nivel nacional se le ha hecho reformas y se intenta que en las provincias en el código también se modifique todo lo que sea pericias informáticas, porque no esta reglamentado cómo es el proceder una pericia informática, hay pericias contables que se le asimila a una documental y eso no es tan así, se tienen que adecuar normas no de fondo, sino de formas, que sería lo que pasaría en Santa Fe”.

“Hoy la estafa informática, es la estafa más común”, contó el especialista y reveló que la nueva modalidad de estafa es el pago en Bitcoin (moneda virtual, no regulada por ningún país) En el mismo sentido, Jeangeorges señaló que en delito informático “existen dos modelos de investigación, tanto para delitos informáticos per se, como la pornografía infantil que se la considera delito informático cuando se distribuye por internet, o la tenencia dentro de una computadora o celular, son todos delitos dolosos (…) se ha creado en Buenos Aires, la Metropolitana tiene su propia fiscalía especializadas en determinados delitos informáticos y otro modelo de investigación es, por ejemplo, un área de investigación, en Córdoba, cada fiscalía tiene su materia, pero todo lo que tiene que ver con cibercrimen, tienen una secretaría de investigaciones, unifican todo en un organismo que centraliza todas las investigaciones. Eso no lo tenemos, en Santa Fe, hasta ahora existen protocolos que la policía tiene que utilizar, nosotros, desde hace dos años para acá nos adherimos a un protocolo que se llama Protocolo para la obtención de evidencia digital para las fiscalías federales y para la policía federal, que se utiliza par la policía provincial”.

“Quieren crear la Agencia Fiscal de Delitos Informáticos (…) el tema es que ya hubo un proyecto en 2013 que quedó en la nada”, finalizó Jeangeorges.

Fecha: 13/03/2019
*Para escuchar los Audios en forma Online de la Entrevista Radial mencionada ut supra visitén el siguiente link.
Fuente: http://agenciafe.com/nota/306830-Proponen-crear-una-agencia-fiscal-para-delitos-informticos

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Cambio de era. Piden mejorar estructura contra DELITOS INFORMÁTICOS (ELCIUDADANO)

7 julio, 202319 septiembre, 2018 por Gonzalo Jeangeorges

La diputada provincial Verónica Benas busca sumar ingenieros en sistema a las fiscalías para cuidar la vida online.

A mitad de año la diputada provincial Verónica Benas presentó un proyecto para crear al menos una unidad especializada en delitos informáticos. Desde el año pasado los casos, más ligados a pornografía infantil y acoso, son investigados por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación, que sólo funcionan en Rosario y la capital santafesina. La legisladora considera que existen más ciberdelitos y es necesario incorporar ingenieros en sistemas a las fiscalías para obtener mejores pruebas en la era digital. El proyecto de Benas es tratado en la comisión de asuntos constitucionales y presupuesto de la cámara baja santafesina. “Existe una cerrazón de la Corte (Suprema de Justicia de Santa Fe). Solo toman únicamente a abogados para trabajar en la Fiscalía. La complejidad de los delitos informáticos requiere de personas con conocimientos específicos”, dijo en diálogo con El Ciudadano, Benas. La diputada tuvo una reunión con el fiscal regional de la primera circunscripción, Julio Olazabal, quien deslizó resistencias.

Lo probado

De acuerdo con la legisladora, la información que necesitan los fiscales cuando reciben denuncias por grooming –ver aparte–, ciberacoso, estafas electrónicas, calumnias, entre otros, no son fáciles de conseguir. Atar una acción, por ejemplo un mensaje difamatorio en una red social, necesita llegar hasta la fuente: la computadora o el teléfono celular desde donde salió. “No basta con una captura de pantalla. Los agresores pueden defenderse diciendo que esa imagen está truchada con un editor”, explicó el abogado y especialista en delito informático, Gonzalo Jeangeorges. La investigación debe llevar a conocer el origen: al IP, es decir, la identificación en línea de la computadora o el celular. Para eso es necesario pedir a los servidores de internet esa información, también conocida como log. Todo lo anterior, siempre con las respectivas órdenes de jueces y fiscales. Según Jeangeorges, el inconveniente es que ningún servidor en Argentina mantiene por más de 90 días esos registros. Entonces, como se trata de empresas extranjeras los investigadores deben enviar exhortos por escrito y depender de la predisposición de Google, Facebook, Twitter, entre otras. “Cuando llega el pedido, la información ya se borró. Es primordial que los legisladores exijan a las empresas de internet algo más que exigencias fiscales. Tener los log significa poder rastrear la actividad”, opinó Jeangeorges. “Como las pruebas digitales son muy fáciles de borrar, conviene actuar rápidamente, con un abogado, perito y escribano, para preservar la prueba para una futura denuncia o demanda civil de daños y perjuicios”, agregó.

Los organismos especializados como propone Benas estarían habilitados para trabajar con causas de calumnia a infamia. Por ejemplo, cuando en una red social se escrache a una persona. Las acciones que violentan el derecho a la intimidad y que no son un delito penal –ver aparte– están previstas en el Código Civil. “El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias”, señala el Código.

Trotamundo

Para Benas un fiscal no puede investigar cualquier delito. Por eso hace años pujó por crear la unidad de integridad sexual de las personas dentro del Ministerio Público de la Acusación. Tiene dos sedes: en Rosario y en Santa Fe. “Mejoró mucho contar con un espacio para no revictimizar. Si no tenemos fiscales preparados las causas se estancan. También sirve para la prevención. Desalienta a quienes delinquen. A través de la tecnología de la comunicación se puede rastrear otros tipos de delitos como la trata de personas o extorsiones”, sintetizó Benas. De acuerdo con la legisladora, existió una resistencia similar a incorporar secciones especializadas cuando las dinámicas bancarias dejaron de pasar por la ventanilla y fueron por el cajero automático. “La Justicia no puede quedar detrás del delito. Las empresas, con claros intereses económicos, hace décadas que tienen contratado personal para protegerse. El Estado no ha hecho lo mismo con lo que debe cuidar: la ciudadanía”, concluyó.

A reforzar la Fiscalía

Los delitos informáticos como la pornografía infantil son investigados por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual. Sin la estructura de Córdoba, que cuenta con una secretaria que asesora a las fiscalías o La Plata o Buenos Aires, con unidades especiales, Rosario depende de una sola fiscal, Marianela Martín. Según contó a El Ciudadano, desde marzo del año pasado, cuando tomó el cargo, sigue 100 casos. Por mes llegan entre 20 y 30 reportes de distintos organismo internacionales donde se denuncian casos de pornografía infantil y el IP corresponde al sur de Santa Fe. “Estudiamos las IP para dar con la identidad del pedófilo. Desciframos las imágenes, estudiamos las fotos, hablamos con vecinos para ver si vieron a los nenes de las fotos, se estudian árboles familiares. Una vez que está determinada la identidad se puede hacer el allanamiento”, dijo Martín.

Los delitos por perseguir

Desde 2008 se sumaron artículos del Código Penal sobre ciberdelitos. Las penas van desde sanciones económicas hasta prisión e inhabilitación para ejercer cargos o profesiones. Los nuevos delitos involucran pornografía infantil por Internet u otros medios electrónicos; violación, apoderamiento y desvío de comunicación electrónica;

intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones; acceso a un sistema o dato informático; publicación de una comunicación electrónica; acceso a un banco de datos personales; revelación de información registrada en un banco de datos personales; inserción de datos falsos en un archivo de datos personales; fraude informático; y daño o sabotaje informático. Desde 2013 se incorporó la figura de grooming, cuando un mayor de edad usa internet para contactar a un menor con fines sexuales. Acarrea penas de entre seis meses y cuatro años de prisión.

Para estar atento

Si es víctima de alguno de los ciberdelitos se recomienda consultar a un abogado. Luego, recolectar pruebas digitales con un perito informático de cara a un requerimiento judicial. También consultar con un escribano que pueda hacer una constatación notarial y sacar fotos sobre la PC o Smarthphone o teléfono celular, donde haya registro del delito. Por último, acudir a la Justicia para radicar una denuncia. La repartición encargada de tomarla es el Ministerio Público de la Acusación de la Segunda Circunscripción, con distintas sedes en la ciudad.

Fecha: 17 de noviembre de 2016

Fuente: https://www.elciudadanoweb.com/piden-mejorar-estructura-contra-delitos-informaticos/